El portavoz del grupo municipal de IULV-CA, Sebastián Martínez, ha valorado la situación de la empresa Santana tras las últimas informaciones aparecidas sobre la reunión del Plan de Acción Social de Santana, de la cual los representantes de los trabajadores salieron claramente insatisfechos. Sebastián ha dado loa razón a los representantes de CCOO, que consideran una injusticia que ahora la Junta de Andalucía diga que no sabe si podrá cumplir con sus compromisos económicos, después de que los trabajadores hayan estado tanto tiempo con el ERE y hayan contribuido con su esfuerzo a la reducción de pérdidas de la empresa. No es de recibo, por tanto, y más si hay carga de trabajo de momento hasta noviembre, que la Junta espere al próximo año a dar una respuesta a la situación, tal y como se desprende de lo que se dijo en la reunión mencionada.Ante esta situación, nuestro portavoz ha planteado dos cuestiones básicas:
1. El apoyo a los trabajadores en las posibles movilizaciones que se produzcan en el mes de septiembre y ofrecer la infraestructura de la organización, pues en IU no hacemos la falsa distinción entre lo político, lo institucional y lo social; es decir, los representantes públicos de la izquierda deben estar con los trabajadores en el conflicto.
2. La solvencia de la propuesta de Plan de Reindustrialización presentado por IU el pasado día 9 en un momento especialmente grave para la actividad industrial en Linares y su comarca. Es necesario y urgente el debate sobre dicho plan y presionar a las administraciones para un cambio de política.
Sobre dicho cambio en la política, Sebastián Martínez, ha dicho (enlazando con los recortes que retrasarán el proyecto de la autovía Linares-Albacete) que es necesario que las decisiones económicas sean tomadas democráticamente y no por organismos de “expertos” (FMI, BCE, etc.) que abogan por los recortes en el gasto público. El papel de las administraciones del Estado (central o autonómico) en la crisis es fomentar la inversión en infraestructuras y garantizar el empleo y no llevar a cabo políticas que ataquen los derechos laborales y económicos de las clases trabajadoras y que lleven a recortes en los servicios públicos.
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