El coordinador provincial de IU
en Jaén –Luis Segura- ha valorado muy positivamente la iniciativa propuesta por
la Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía –Elena Cortés-, y
aprobada en el día de ayer por el Consejo de Gobierno, relativa al conocido
como Decreto-Ley de la Función Social de la Vivienda. Se trata, en opinión de
Luis Segura, de una iniciativa pionera en nuestro país con respecto a la lucha
frente al drama social que suponen los desahucios, por cuanto supone un giro de
180 grados en la concepción de la vivienda, que se enmarca como un derecho frente
al tratamiento que desde lo público se le venía dispensando, hasta ahora, como una
mercancía.
Con este Decreto-Ley –afirma el
Coordinador Provincial de la federación de izquierdas-, se sitúa la defensa del
interés general por encima de los particularísimos intereses de la banca y las
grandes empresas inmobiliarias, actores activos y responsables de la situación
de crisis económica, laboral y, en consecuencia, habitacional que padece
nuestro país. Segura añade que las sanciones de hasta 9.000 € a personas
jurídicas y la expropiación temporal durante tres años del uso de las viviendas
embargadas a personas en riesgo de exclusión social, combinado con los
incentivos que contempla este Decreto-Ley para personas físicas en materia de
aseguramiento de los riesgos que conlleva el arrendamiento, garantizando el
cobro de la renta y el arreglo de eventuales desperfectos, las medidas fiscales
que determinarán las respectivas Administraciones y las subvenciones, que se
recogerán en el próximo Plan de Vivienda, como elementos fundamentales que
contempla el citado Decreto-Ley, conforman todo un plan de choque que puede contribuir,
junto a las medidas puestas ya en práctica desde la Consejería de Fomento y
Vivienda, a erradicar el drama de los desahucios en Andalucía.
Finalmente, el coordinador provincial
de IU en Jaén señala que este Decreto-Ley tiene un perfecto anclaje jurídico en
la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la
Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en la reciente Sentencia
del Tribunal de Luxemburgo, a lo que se añaden los múltiples requerimientos del
Defensor del Pueblo Español y el Informe de la Relatora de Vivienda de la ONU,
que evidencian la notable desprotección que sufren las personas y familias que
se hipotecan y las dificultades para hacer efectivo el derecho de acceso a la
vivienda en nuestro país. Finalmente, el coordinador provincial de IU en Jaén
afirma que, medidas como las que plantea este Decreto-Ley de la Función Social
de la Vivienda, reflejan un cambio real, y hacia la izquierda, de las políticas
de la Junta de Andalucía a partir de la entrada de IULV-CA en el Gobierno
andaluz.
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